domingo, 17 de abril de 2016

Lo que debe saber sobre el desminado humanitario en Colombia.

Lo que debe saber sobre el desminado humanitario en Colombia.

Querido lector, ¿sabía usted que el Gobierno de Colombia adelanta gestiones y programas en pro del desminado humanitario?, ¿Ha escuchado algo al respecto?. Independientemente de su respuesta, lo invito a conocer algunos datos interesantes sobre el tema, a propósito de la coyuntura para la paz que vive el país actualmente.

Iniciemos con el concepto, el desminado humanitario, es un tipo de asistencia, dirigido a las comunidades afectadas por las minas antipersonal (MAP), con el objetivo de remover del terreno, las minas, las municiones sin explotar (MUSE) y los artefactos explosivos improvisados (AEI)[1].  En palabras es un concepto simple que no se extiende más allá de 4 o 5 líneas, sin embargo desplegar un total de operaciones encaminadas a este fin, es una labor titánica, que alrededor del mundo envuelve a un número importante de personas y capacidades.

El objetivo del desminado humanitario consiste en despejar las tierras de minas antipersonal para ser usadas con plena libertad por desplazados, víctimas del conflicto armado y comunidad en general. Como vemos, no solamente consiste en una estrategia o un plan a implementar, sino que permite a las comunidades volver a vivir, retomar su espacio, su tierra.

Los inicios del desminado humanitario se remontan a 20 años atrás, momento en el cual el impacto de las minas antipersonal, comenzó a ser un tema relevante, considerando los miles de refugiados en Afganistán, Camboya y Mozambique. Por esta razón, la sociedad civil y las Naciones Unidas, iniciaron la difusión del concepto de desminado humanitario e iniciaron estrategias y programas para despejar las tierras de minas.  Actualmente en la Organización, el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas (UNMAS, por sus siglás en inglés), apoya en la labor de desminado a 40 países en conflicto, con un total de 17 operaciones extendidas a través de Asia, en estas zonas: Abyei, Afganistán, República Centroafricana, Costa de Marfil, Darfur, República Democrática del Congo, Irak, Líbano, Libia, Mali, Somalia, Sudán del Sur, Estado de Palestina, Sudán (con exclusión de Darfur), Siria Sahara Occidental, en colaboración con MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental)[2] y una sola operación en América, en nuestro país.

En Colombia, el tema del desminado humanitario, cuenta con un largo trayecto, que inició en el año 2001, momento en el cual el país suscribió la Convencion sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y asumió el compromiso de destruir las zonas minadas en el territorio nacional.  La Convencion sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, más conocida como Convención de Otawa, reitera que será obligación de los Estados parte, llevar a cabo sus mayores esfuerzos, para “identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas”.
Colombia, en cumplimiento de estas obligaciones y por medio del Congreso de la República, profirió la Ley 579 de 2002, trasando la normativa para la aplicación de la Convención de Otawa en el país. Actualmente, es el DAICMA, La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, la entidad encargada de coordinar y regular la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA). Es una dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, coordinada por el Despacho del Ministro consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y la Seguridad. Sus funciones y estructura definidos en la ley 759 y  reglamentados por el Decreto 1649 de 2014 (Artículo 27)[3].
Para el año 2015, por parte del DAICMA, fue anunciado en el país el Plan Estratégico de la Dirección Integral para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) 2015-2018. El plan se encuentra estructurado en tres enfoques principales: educación en el riesgo, asistencia a víctimas y desminado humanitario[4]. Para el año de implementación del DAICMA, un total de 14.426 m2[5] han sido liberados de minas antipersonal, 33 artefactos han sido destruidos y 3 áreas han finalizado el proceso de limpieza.  Actualmente, el plan estratégico piloto, se encuentra presente a lo largo de toda la geografía nacional, implementando y promoviendo, la acción contra las minas. BIDES, (El Batallón de Desminado Humanitario), opera en municipios de Antioquia, Meta, Bolivar, Santander, AEDIM, presente también en Bolivar, the HALO trust, despliega operaciones en Antioquia, Meta y Tolima. El resultado de toda esta labor ha sido para la fecha, 5 municipios libres de sospecha de minas entregados a las comunidades. [6]
Colombia ha compartido esta experiencia con la comunidad Internacional, en enero de este año durante la celebración del encuentro “Desminado humanitario, procesos de paz y territorio”[7], en Bogotá. Acontecimiento que reunió a representantes de la comunidad indígena, del Gobierno, autoridades locales, departamentales, civiles y representantes de la comunidad internacional. Las conclusiones de esta reunión fueron recomendaciones para la implementacion de los programas contra las minas, la promoción del enfoque diferencial[8], entre otras. Posteriormente en abril de este año, en el marco de la celebración del día Internacional de sensibilización contra las Minas Antipersonal, los Embajadores de Colombia, Italia y la Directora del UNMAS, Agnès Marcaillou, se dieron cita para compartir los resultados del plan estrategico implementado por el DAICMA y el sentimiento de la comunidad que ha vivido estos procesos.[9] Se resaltaron las bondades del mismo, tales como la recuperación de las tierras por parte de la comunidad afectada y el trabajo conjunto entre la comunidad y los actores del conflicto, para lograr el desminado, lo cual es un claro ejemplo de reconciliación.
Son pocos los hechos que se mencionan en este escrito, sin embargo la acción contra las minas en Colombia, refleja el compromiso del Gobierno con la paz del país y la implementación de políticas que permitan la reconciliación entre los diversos actores del conflicto, incluyendo a sus protagonistas y víctimas,  fundamental para este momento de la historia.

Autora Diana Sofía Jaramillo Gálvez.
Estudiante de Jurisprudencia Universidad del Rosario
Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho
Pasante en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas




[1] (Enero, 2015). Sueños de paz. ¿Qué es el desminado humanitario?. Recuperado de: http://www.suelosdepaz.org/que-es-el-desminado-humanitario/
[2]Mine Action. Recuperado de: http://mineaction.org/programmes

[4] Cancillería. Colombia socializó el Plan Estratégico de la Dirección Integral para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 2015-2018. Recuperado de: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-socializo-plan-estrategico-direccion-integral-accion-integral-minas

[5] Cancillería. Colombia socializó el Plan Estratégico de la Dirección Integral para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 2015-2018. Recuperado de: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-socializo-plan-estrategico-direccion-integral-accion-integral-minas
[7](Febrero, 2016). Llamamiento de Ginebra. Más de 100 personas participaron en un encuentro sobre el desminado humanitario organizado por el Llamamiento de Ginebra y UNMAS en Bogotá. Recuperado de :
[9] (Abril, 2016). Cancillería. Colombia destaca la importancia de la cooperación internacional para el desminado humanitario en el posconflicto. Recuperado de: http://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/colombia-destaca-importancia-cooperacion-internacional-desminado-humanitario

domingo, 10 de abril de 2016

LOS JUEGOS DEL HAMBRE

En un paraje no muy remoto y en tiempos no muy lejanos al nuestro, rodeados de innovaciones que parecen salidas de una novela de H.G Wells, y bien adiestrados y acomodados en una civilización del espectáculo como la que describe Vargas Llosa, aún miramos con desdén y de forma secundaria los problemas de hambruna y miseria extrema que padecemos y no nos atrevemos a pensar en el rol del Estado y de nosotros mismos en estos juegos… los juegos del hambre.

¡Colombia tierra querida… himno de fe y alegría ! … lo cierto es que al escuchar o decir esta frase, pienso en lo bella que es mi tierra, pero también en las reservas de esperanza inagotables y de trabajo arduo de las cuales debemos dotarnos para progresar en humanización. En un país ecléctico, uno donde el realismo mágico no es un estilo literario sino una forma de vida, mueren cerca de 30 niños de desnutrición en los dos primeros meses del año en curso y se promedia que cerca de 898 niños padecieron de desnutrimiento en La Guajira durante el 2015, según cifra oficial del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)[1]. Según el PMA (Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas), alrededor de 795​ millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa[2]. Eso es casi una de cada nueve personas en la tierra y la gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo viven en países en desarrollo, donde el 12.9% de la población presenta desnutrición.

Lo cierto es que además de estas espeluznantes cifras, la  FAO  guiada por The Six Pillars of Food Sovereignity, (Nyéleni, Mal) ha puesto de presente que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

Aparejado y en consonancia con el derecho de soberanía alimentaria, la Constitución Política de Colombia establece el derecho a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental de los niños y en cuanto a la oferta y la producción agrícola se establecen los deberes del Estado en esta materia. El CONPES Social 113 de 2008, enuncia que la Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. Adicionalmente el Decreto 2055 de 2009, crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Como es de esperarse, nuestras leyes son odas hermosas o declaraciones de buenas intenciones espectaculares. Sin embargo, es necesario dotar de espíritu, realidad y dientes a esas majestuosas disposiciones jurídicas. Así pues, cabe preguntarse si  “ la soberanía alimentaria” ¿es  una denominación que se justifica porque sin producción local no hay seguridad?. Si la respuesta es afirmativa, entonces se hacen necesarias políticas agropecuarias y campesinas respetuosas y coherentes. Se hace imperativo un Plan Nacional encaminado en la producción y alimentación de su gente, para que no haya más niños que repitan la historia cantada por Serrat en la nana de las cebollas. Se hace indispensable articular políticas de inversión, con planes y proyectos locales y regionales que propugnen por una verdadera seguridad alimentaria.

Expectantes de ver que sucede y de contribuir  desde este 2016 y en los años venideros, guardamos la esperanza de que el marco jurídico presente y las declaraciones, especialmente de la  CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) reafirmando su compromiso de priorizar la consolidación e implementación del  Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre para el 2025 sean una realidad. Concluyo  recordando que una sociedad deseosa de cambiar sus realidades de violencia y pobreza extrema, que límite casi con la misria no se puede permitir tanta  indiferencia y aridez humana. Menos cuando los martires de la ineficacia del sistema y de la falta de conciencia general son las niñas y niños de estos juegos del hambre.

Autora, Mónica Andrea Avella Herrera
Estudiante Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia
Estudiante Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne



[1]El Espectador ; ICBF detectó 898 niños con desnutrición en La Guajira ; 11 de febrero de 2016, http://www.elespectador.com/noticias/salud/icbf-detecto-898-ninos-desnutricion-guajira-articulo-615975.

[2] WFP. Programa Mundial de Alimentos : Datos del Hambre ; 2016, https://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre

lunes, 4 de abril de 2016

¿El vivo vive del bobo, y el bobo de papa y mama?

Latinoamérica un día de abril de un año cualquiera. Los estudiantes de la clase de tercero de primaria de una escuelita pública se encuentran castigados por su profesor de biología. Todos sancionados con anotación en su expediente y calificación deficiente. La culpable: una cedula de ciudadanía.
“Una vez, en una escuelita pública de aquellas que se destacan más por la fama de sus estudiantes, que por lo bueno de su infraestructura o la pulcritud de sus directivos, —por no hablar de los refrigerios que se consumen o la cantidad de libros en su biblioteca— se presentó una situación tan jocosa como dramática. El profesor de biología, don Estado, determinó que como tarea los estudiantes debían dibujar una célula, pues tenía como propósito introducirlos al maravilloso mundo de las ciencias naturales. El trabajo anunciado apenas unos instantes después de que sonara la campana que indicaba el tiempo de recreo, debía ser presentado el día siguiente. Los estudiantes no prestaron mucha atención y habiendo ya guardado sus cuadernos, formaron —en alegre pero anárquica actitud— una montonera que presurosamente pretendía tomar el sol fuera del salón de clases.
Al día siguiente, instantes antes de comenzar la clase con don Estado, uno de los estudiantes de apellido Vivo, recordó la labor que se le había encomendado, pero que la tarde anterior no había realizado por encontrarse sumamente ocupado jugando a la pelota. Rápidamente pidió ayuda a sus incondicionales amigos, Abeja y Avispado. Ambos desconcertados, pues compartían la negligente condición, no hallaron más opción que copiar la tarea de otro estudiante, aunque sabían que ello se encontraba prohibido. Tenían la costumbre de pedir la tarea a Bobo, alumno que usualmente cumplía con desgana sus labores. Sin tardanza ejecutaron su propósito. Dibujaron una figura rectangular con una imagen al lado izquierdo. Otros pequeños, observaron lo que hacían el trio de personajes en complicidad con el cuarto no tan pilo pero si complaciente.
Tras unos instantes, el resto del auditorio notó la diferencia de los dibujos propios y los recién realizados, y con la convicción errada de que habían fallado en el deber estipulado entraron en desasosiego. Al percibir la inquietud general, el trio de ilustres alumnos propuso a toda la audiencia, que imitara su proeza rompiendo el mandato de no copiar. El colectivo en su totalidad alcanzó —con la habilidad artística que da el miedo a la mala nota— a replicar la figura cuadrangular. La actitud de júbilo y euforia tras lograr la meta que implicó romper la regla de no copiar la tarea, sólo pudo ser interrumpida por el estruendoso chillido causado por don Estado cuando observó que todos los niños tenían en su cuaderno el dibujo del documento de identidad de la señora de Bobo, madre de uno de los estudiantes”.
La historia anterior puede resultar no muy lejana de la realidad. En la sociedad colombiana se presenta, al igual que en el resto de Latinoamérica, un marcado fenómeno de incumplimiento del deber jurídico. Las tasas de criminalidad, violencia e impunidad no disminuyen significativamente, aunque a diario el Estado trata de investigar nuevas fórmulas de lucha contra la ilegalidad. Se inventan nuevos tipos penales, se ordenan sanciones más gravosas y se invierte económicamente en la capacidad estatal de sancionar al infractor; nada es suficiente. La ineficacia normativa se observa en clases altas y bajas, en personas con bastante y poca formación académica, en jóvenes y viejos, etc.
Sociólogos, economistas, psicólogos sociales y juristas latinos han investigado el tema, y se han propuesto responder al problema planteando diversas estrategias. El fenómeno del incumplimiento cuenta con interesantes análisis, como el que efectúa García Villegas sobre la “cultura del incumplimiento jurídico” o Carlos Nino sobre la “anomia boba”. Una cosa resulta cierta, el vivo no es tan vivo como piensa, pero la sociedad aplaude su comportamiento, generando tolerancia al incumplimiento de las normas legales por cualquier razón. Las reglas jurídicas plantean una hipótesis o supuesto de hecho, y seguidamente una consecuencia jurídica. No obstante los ciudadanos no obedecen a esta lógica; actúan contra el supuesto de hecho, sin ninguna consecuencia legal. Piensan que las reglas sólo son obstáculos impuestos para el logro de metas personales. No imaginan que las reglas tienen alguna razón de ser y que su existencia no es fortuita.
Quien se cola en el transporte público por ejemplo, supone que no habrá ninguna consecuencia negativa o si la hay, no lo afectará en el futuro; considera que al romper la regla, al saltar el obstáculo ha triunfado. No pagó su pasaje, ahorró parte de su capital y el sistema continua prestando el servicio con normalidad. Muy “pilo”, tiene una actitud digna de admirar, y hasta de replicar. Tal como en la historia, Vivo es un héroe; no hace trampa, hace proezas. No obedece como Bobo pero le va igual de bien, piensa. Pero Vivo no está sólo, en sus aventuras contra la ley lo acompañan Abeja y Avispado. Al romper la regla Vivo no recibe reproche alguno de Bobo o del resto curso. Al ver un colado, rara vez un ciudadano —y sucede también con la autoridad algunas ocasiones— expresa su inconformidad o le hace un reproche público. Se crea tolerancia por parte de quienes si obedecen la ley.
La estrategia resulta un éxito, hasta que todo el curso replica la conducta de Vivo. Todos hacen trampa. Más personas evitan pagar su pasaje y esperan que el sistema de transporte sea gratis para ellos. Allí, el profesor se da cuenta de la trampa y castiga al curso completo; en la realidad, el servicio de transporte aumenta su costo para el cumplido, y reporta con alguna frecuencia la muerte de uno que no lo es. Entre más incumplidos se suman, más inviable se vuelve el sistema. La ganancia del vivo desaparece, pues el servicio desmejora tanto para cumplidos, como para él. Lo mismo sucede en el caso de la corrupción a escala municipal, la infracción a las normas de tránsito o el fraude electoral.  
No propondré una solución desconocida, ni tampoco muy compleja. Evitemos ser los vivos; no premiemos el ingenio propio de la malicia indígena. Inculquemos como figuras que dan ejemplo a las generaciones venideras que el atajo no paga bien. Si la madre o padre de Vivo, o por lo menos la de Bobo, les hubieran enseñado aquello, el curso completo no estaría castigado.

Juan Manuel Martinez Ramirez