¿Tiene
Colombia una política exterior? Frente al nivel regional, para no tener que ir
hasta las antípodas (a países en los que ni siquiera saben que existe una
tierra llamada Colombia), nuestro Gobierno ha mostrado una política exterior
endeble, desorganizada, improvisada, indisciplinada. Basta con observar las
acciones –u omisiones- que ha adoptado frente a los Estados de la región,
especialmente con los más cercanos y quienes son sin lugar a dudas los más
importantes para el país.
La
relación con estos es primordial para Colombia no solo por el inasible pasado
en común que comparten, sino por razones de estrategia geopolítica, comercial y
social. Por otro lado, y entrando en el aspecto jurídico, es un mandato
constitucional el fortalecimiento de las relaciones con los países de la región
y, más aún, la promoción de la integración.
Aunque
históricamente esta región cuenta con pocas guerras importantes en su haber –como
la Guerra del Pacífico en el Siglo XIX- y Colombia, a su vez, en raras
ocasiones ha entrado en conflictos serios con sus vecinos, como el conflicto
colombo-peruano de 1932, no es menos cierto que hoy por hoy la política
exterior de Colombia frente a sus vecinos –si es que existe- es inestable,
precaria y desorganizada. Dos sucesos relativamente recientes demuestran esta
afirmación.
En
pocas semanas se celebrarán las audiencias preliminares –es decir, aquellas
relativas a la competencia jurisdiccional- ante la Corte Internacional de
Justicia, frente a las dos demandas que Nicaragua presentó contra la República
de Colombia. La primera relacionada con el supuesto incumplimiento del afamado
fallo de la Corte de delimitación marítima entre los dos Estados. La segunda,
dirigida a resolver el inacabado problema de la plataforma continental
extendida a favor de Nicaragua. El dilema de la competencia de la Corte radica
en la interpretación sobre el alcance cronológico de la denuncia del Pacto de
Bogotá que realizó Colombia.
La
denuncia del Pacto, que es una decisión de política exterior, es bastante
cuestionable. Esta estrategia de protección frente a las pretensiones de
Nicaragua –y a futuro, de otros Estados- es un claro ejemplo de la
desorganización, e improvisación de la política exterior Colombiana, que se
aleja de esos lineamientos que la historia, la geopolítica y la propia
Constitución demarcan, para en su lugar responder a las conveniencias políticas
del gobierno de turno y los réditos electorales. Se cierra una puerta al
arreglo pacífico de controversias y se tensionan las relaciones con los vecinos
mediante medidas adoptadas a la carrera. En mi opinión, más conveniente habría
sido el inicio de un diálogo bilateral como lo hicieron Perú y Chile, decisión
que no se tomó, puesto que la reelección presidencial estaba de por medio y
claramente era un suicidio político hacerlo.
Por
otro lado, después del grave problema que suscitó la aspersión de herbicidas en
zonas fronterizas con la República de Ecuador, frente a lo cual nuestro
Gobierno respondió con una indiferente y nuevamente precaria acción de política
exterior, en la que ignoró los cientos de llamados al diálogo que el vecino
país presentó, Quito se vio obligada a demandar ante la Corte Internacional de
Justicia a Colombia, quien viéndose inmersa en otra demanda internacional, en
la que pocos argumentos podía presentar a su favor, terminó celebrando un
acuerdo en el que se estableció una zona de exclusión área –es decir, donde no
se podría realizar la aspersión-. Y más grave aún, para terminar el proceso
ante la CIJ, Colombia se obligó al pago de quince millones de dólares.
¡Los
pagó! Este “acuerdo internacional” -que en lo personal me huele a tratado-, se
negoció, se celebró, y se ejecutó sin ningún respeto por nuestro ordenamiento
jurídico. El dinero se desembolsó sin pasar por aprobación del Congreso ni
control de constitucionalidad; control
político no hubo jamás. Esta millonaria indemnización, que salió del bolsillo
de los colombianos, es producto del paupérrimo manejo de la política exterior
de Gobierno, una política exterior que en su desorden administrativo ha generado a los colombianos enormes gastos
e inconmensurables perjuicios, por problemas internacionales que podían
resolverse a un menor costo económico, político y administrativo.
Ya
viene siendo hora de barrer con la indisciplina política y administrativa que
rige a este país. Es cierto que el Presidente es el director de las relaciones
internacionales, pero sistema presidencial no es lo mismo que sistema
presidencialista. Cierto es que la política es mudable y no se pueden prever
siempre los sucesos internacionales, pero eso no justifica la descoordinación,
la indisciplina y la indiferencia política. Ya es hora de que este país deje de hacer todo a la carrera y a las
patadas y estructurar las bases de una política exterior, que como toda
política pública sea coordinada, coherente y eficiente. De no hacerlo,
terminaremos en la misma vergonzosa situación que un país vecino sufrió al
recibir a Henry Kissinger en su cancillería, cuando este señaló: ¡Qué hermoso
edificio, ahora solo les falta una política exterior!
Jaime Andrés Nieto Criado
Centro de Estudios Integrales en Derecho.
Twitter: @CeidJnieto
